España 2018-2021: una doble perspectiva (I)

España 2018-2021: una doble perspectiva (I).

En los próximos años, la prioridad del ejecutivo del PP, como la de cualquier otro partido gobernante, consistirá en salir reelegido. Por tanto, en la actualización del Plan de Estabilidad 2018-21, si éste es realista, debería aparecer el rastro de una significativa bajada de impuestos o de un importante incremento de gasto público. Indudablemente, al ser una formación de derechas, el primer aspecto sería más probable que el segundo.

Es lo que Montoro, en su peculiar terminología, denomina como “las zanahorias”. En otras palabras, los incentivos que pueden llevar a numerosos indecisos a votar al PP. En 2000 y 2015, a través de sendas reformas fiscales, ofrecieron a los ciudadanos poner más dinero en sus bolsillos y consiguieron su objetivo: seguir gobernando. Por tanto, a priori, no debería resultar extraño que adoptaran medidas similares en 2020.

No obstante, en los documentos enviados a la Comisión Europea, el Gobierno descarta una gran bajada de impuestos. En todos los años considerados, la recaudación aumenta en mayor medida que el PIB nominal, el que refleja tanto la variación de los precios como de las cantidades producidas. Exactamente lo contrario de lo ocurrido en los ejercicios 2000, 2015 y 2016.

Sin embargo, la diferencia entre ambas variables es escasa en 2020 y 2021. En concreto, es de un 0,3% y debería ser como mínimo de un 1%. Un indicio de que probablemente el gobierno adopte medidas tributarias que favorezcan especialmente a un determinado grupo de población, como los jóvenes, los jubilados, los autónomos o los que ganan menos, pero no a la inmensa mayoría de los ciudadanos.

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En lo que respecta al gasto público, éste crece por debajo del PIB nominal durante todos los años y en la mayoría de ellos supera escasamente a la inflación prevista. Unos datos que muestran la inexistencia de recortes en el futuro cercano, pero también que el plan del gobierno no pasa por recuperar en 2021 el nivel de servicios públicos alcanzado en 2009.

Aparentemente, el importe dedicado en la primera fecha a salud y educación superará en un 5,4% y 2,4%, respectivamente, el destinado en la segunda. No obstante, si tal como estima el ejecutivo, la inflación acumulada entre 2010 y 2021 es del 19,1%, los anteriores incrementos se convertirán en términos reales en descensos. En concreto, del 11,5% en salud y del 14% en educación.

La conversión de un déficit público del 3,1% en 2017 en un superávit público del 0,1% en 2021 me parece más un deseo que una posibilidad real, si el crecimiento económico medio del período se sitúa en el 2,4%, tal y como indica el Gobierno. El motivo principal está en las cuentas de la Seguridad Social. En concreto, no me creo que, en relación al primer año, en el segundo el incremento de los ingresos supere al de los gastos en 16.800 millones de euros (el déficit del servicio en 2017).

Los motivos son una subida de las pensiones entre 2018 y 2020 en un porcentaje equivalente como mínimo a la inflación prevista, los dos primeros años por el pacto presupuestario con el PNV y el tercero porque habrá elecciones, y el descarte por impopular del incremento de los tipos de las cotizaciones sociales o del establecimiento de diversos nuevos impuestos para mejorar su financiación.

Debido a ello, aunque mi previsión es que entre 2018 y 2021 el aumento medio del PIB se situé por encima del 3%, en el último año la Seguridad Social seguirá teniendo déficit. No obstante, el positivo impacto sobre la recaudación general, del mayor nivel de crecimiento económico y de la existencia de boom inmobiliario, hará que el superávit de otras Administraciones Públicas compense su déficit y el país pueda alcanzar el equilibrio fiscal en 2021.

Para conseguir éste, el gobierno tenía dos vías. La primera consistía en un aumento de los ingresos públicos en relación al PIB, la segunda suponía una disminución relativa de los gastos. En coherencia con su ideología, el ejecutivo ha adoptado la última opción. Una elección que hará que en 2021 tengamos una distribución de los ingresos y gastos públicos (38,7% y 38,6% del PIB, respectivamente) más propia de un país anglosajón que de uno centroeuropeo o nórdico. Por tanto, incompatible con un potente Estado del bienestar.

En definitiva, en 2021 prácticamente solo quedará por recuperar el nivel de gasto público social de 2009 y un poco del empleo existente en 2007. Es una lástima que en las encuestas los ciudadanos, especialmente los que menos renta o riqueza poseen, prefieran lo visible a simple vista que lo perceptible únicamente si uno se fija.

En otras palabras, una disminución de gravámenes que un aumento de gasto social. Es lo que llevó, hace más de una década, a un político progresista como Zapatero a declarar: “Bajar impuestos es de izquierdas”. Sin duda, un gran equivocación.