El reciente acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, si recibe el respaldo del Congreso, generará el Ejecutivo más escorado a la izquierda desde la llegada de la democracia. En relación a un Gobierno de derechas, debería tener unas prioridades diferentes y una distinta manera de afrontar determinados retos pendientes de la economía española.

Desde mi perspectiva, algunas de las primeras serían:

1) La mejora de la distribución de la renta. En 2017, España fue el país de Europa Occidental con peor distribución de la renta y el tercero con la más desigual de la zona euro. Las principales causas fueron la persistencia de una elevada tasa de paro y la nula ganancia de poder adquisitivo durante el período de bonanza económica observado desde enero de 2014.

Una de las primordiales consecuencias ha sido una gran disminución de las familias de clase media. Con la finalidad de que ésta vuelva a resurgir y alcanzar los niveles de 2007, en los próximos años es necesario que los salarios suban anualmente al menos unas décimas por encima de la inflación.

El gran impedimento es la reforma laboral. Aunque su derogación sería ideal, dudo mucho que el nuevo Ejecutivo reúna la mayoría parlamentaria necesaria para anularla. Si no la obtiene, debería eliminar o retocar algunos de los artículos más lesivos para los trabajadores y establecer medidas que les beneficien cuando las empresas en que trabajan vayan bien.

Por un lado, tendría que promulgar la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, dificultar los descuelgues de los primeros, mantener su vigencia hasta que se firme otro, equiparar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la matriz y los contratados a través de una ETT, así como dejar de considerar despidos objetivos a los realizados cuando una compañía ha disminuido sus ingresos ordinarios durante tres trimestres consecutivos o un trabajador, por enfermedad, ha faltado de manera intermitente.

Por el otro, obligar a las empresas a fijar también una retribución variable a todos sus asalariados, establecer un tope relativo a los ingresos de sus directivos (por ejemplo, un máximo de 15 veces los del empleado medio) y un plan de pensiones para cada uno de ellos.

2) La creación de un gran parque de viviendas de alquiler. Hasta la fecha, nunca ha sido una prioridad para ningún Gobierno. Un motivo que hará imposible llegar a conseguirlo en los próximos cuatro años. No obstante, una nueva legislación puede establecer las bases para hacerlo factible en 2035.

Con dicha finalidad, aconsejo la adopción de cuatro medidas: impedir la venta de suelo público, utilizar la compensación, que reciben los ayuntamientos de los promotores de nuevos planes urbanos, para adquirir terrenos a propietarios privados, edificar sobre dicho suelo únicamente viviendas destinadas al alquiler o equipamientos y utilizar la colaboración público-privada para su construcción.

3) Una mayor igualdad de oportunidades. La pasada crisis averió el ascensor social en España. La mayor precariedad económica de las familias y el gran aumento de las tasas universitarias realizado en el curso 2012-13 (hasta un 66%) fueron sus principales causas.

Dada la gran correlación entre salarios y formación, me parece imprescindible que la Administración aumente la inversión en educación. El objetivo sería minimizar la posibilidad de que una mala situación económica de los padres perjudique el futuro laboral de sus hijos.

Las principales medidas a adoptar serían la gratuidad total de las escuelas infantiles, el bachillerato y la formación profesional, la vuelta del importe de las matrículas universitarias al vigente en el curso 2011-12, la generación de un mayor número de universidades públicas virtuales para facilitar su acceso a los habitantes de la España despoblada y la adaptación de la metodología docente a las necesidades de los alumnos que combinan estudios y trabajo, pues el plan Bolonia ha dificultado mucho su compatibilización.

4) Más Estado del Bienestar. Una mayor calidad de vida para una gran parte de la población pasa ineludiblemente por realizar un mayor gasto social. En 2017, éste alcanzó en nuestro país el 29% del PIB y se situó 4,9 puntos por debajo del promedio de la zona euro.

En la próxima legislatura, el nuevo Gobierno considero que debería incrementarlo hasta el 31% del PIB. Las partidas beneficiadas serían protección social (del 16,6% al 17,4%), sanidad (del 6% al 6,6%) y educación (del 4% al 4,6%).

Si la Comisión Europea obliga a los países de la zona euro a eliminar el déficit público, los ingresos públicos habrían de evolucionar desde el 38,2% del PIB de 2017 hasta el 43,1% en 2023. Una elevada subida que sería generada tanto por la mayor actividad económica (la recaudación suele crecer más de lo que lo hace la suma del incremento del PIB y la tasa de inflación del período) como por un gran aumento de impuestos. No obstante, este último sería inferior al que llevó a aquéllos a pasar del 35% del PIB en 2009 al 39,2% en 2014.

En definitiva, un Gobierno de izquierdas debería favorecer las subidas salariales, aumentar las prestaciones sociales y generar una mayor igualdad de oportunidades. No obstante, también supone pagar más impuestos por parte de casi todos.

Esta última subida tendrá una gran contestación social si los ciudadanos creen que los políticos y su círculo próximo van a ser los principales beneficiados del aumento de recaudación. En cambio, probablemente sea escasa si ven que su objetivo prioritario es revertir los recortes sufridos en sanidad, educación y asistencia social.