El malestar económico: causas y soluciones
La invasión de Ucrania por Rusia y las sanciones impuestas a ésta por las naciones avanzadas han incrementado el IPC de la zona euro y convertido una inflación temporal en duradera. La nueva coyuntura ha hecho que una sustancial parte de la población española piense que el país se encamina hacia una nueva crisis y generado un gran malestar económico.
En febrero de 2021, la inflación anual era nula. Empezó a subir en marzo y alcanzó un preocupante nivel en octubre (5,4%). Los principales impulsores del espectacular aumento del IPC fueron un gran incremento del precio de los carburantes y de la electricidad debido al encarecimiento del gas natural. Una elevada subida también observada en otras materias primas, tales como el níquel, aluminio, café o algodón, debido a una rápida recuperación de la economía mundial y un mal funcionamiento de la cadena logística.
En enero de 2022, el BCE descartó una subida de sus tipos de interés de referencia en el ejercicio actual, pues creía que en los últimos meses del año la inflación en la zona euro se situaría por debajo del 2%. Una disminución generada por el efecto estadístico, la moderada subida de los salarios hasta el momento, un aumento de la oferta de materias primas y la normalización del comercio internacional.
No obstante, las repercusiones directas e indirectas de la guerra en Ucrania han cambiado por completo las perspectivas. En el actual año, la inflación será superior y el incremento del PIB inferior al esperado en España y en la eurozona. A pesar de ello, ningún analista predice la llegada de una crisis. Así, por ejemplo, el panel de Funcas ha reducido el crecimiento económico de nuestro país en ocho décimas (del 5,6% al 4,8%) y la OCDE ha estimado una disminución de 1,4 puntos en el de la zona euro (del 4,2% al 2,8%).
En cualquier caso, la situación relativa de España es mucho mejor que la de 2008. En aquel momento, era una de las naciones más frágiles de Europa por la elevada aportación del sector de la construcción a la actividad económica en los años anteriores, la gran dependencia de la banca del mercado inmobiliario y el elevado exceso de oferta de viviendas. Por eso, entre 2008 y 13, nuestro PIB cayó un 7,7% y el del área euro solo un 1,4%.
En la actual coyuntura, es una de las menos perjudicadas por el conflicto bélico, pues en 2021 tenía una escasa relación económica y financiera con Rusia. La dependencia del gas ruso era exigua (8,4% de las importaciones de la materia prima), las ventas a la anterior nación poco significativas (3,9% de nuestras exportaciones) y los bancos poseían una reducida exposición a sus empresas (créditos por valor de 720 millones €).
Debido a las anteriores razones, creo que en 2022 el incremento del PIB superará con holgura el 3,5%, si la guerra no se extiende a otros países. No obstante, aquel será más elevado si el Gobierno es capaz de llegar a un pacto de rentas con los agentes sociales, compensa parcialmente a familias y empresas del elevado importe de la inflación, alarga el período de carencia de capital y amortización de los créditos ICO y se ejecutan en un elevado porcentaje los fondos procedentes del programa Next Generation.
También si la Comisión Europea (CE) consiente en cambiar el actual sistema de fijación de precios de la electricidad, suspende la aplicación de las reglas fiscales para el año 2023 y emite bonos destinados a financiar la pérdida de ingresos de los Estados por la reducción de impuestos y el aumento de gastos por las ayudas al sector privado.
El pacto de rentas debería tener tres principales objetivos: la continuidad de la generación de ocupación, el reparto entre trabajadores, empresarios y directivos de los costes derivados de un mayor IPC y un menor crecimiento e impedir que la inflación continúe siendo elevada, cuando deje de subir el precio de las materias primas. Si se logra el último objetivo, las subidas de los tipos de interés del BCE serán moderadas y no conducirán a una recesión.
Para salvar numerosos empleos, en el actual año los salarios deben aumentar menos que la inflación y en los siguientes ejercicios, una vez aquélla haya disminuido, los trabajadores han de recuperar el poder adquisitivo perdido. Por su parte, las empresas tienen que comprometerse a reducir sus márgenes unitarios de beneficios, pagar menos a sus directivos y disminuir los dividendos distribuidos a sus accionistas.
En abril de 2022, las empresas y autónomos receptores del 43% de los créditos ICO han de empezar a devolver el importe prestado, además de continuar pagando los correspondientes intereses. Para muchas de ellas, una operación imposible de efectuar, pues un gran número aún no ha recuperado el nivel de ingresos obtenido en 2019. Una situación generalizada en las empresas que dependen directa o indirectamente del turismo.
Para impedir la entrada en mora de los anteriores préstamos, numerosas reestructuraciones financieras de las empresas y quitas de deuda es conveniente la extensión en un año de su período de carencia de capital y amortización. Una medida que evitará el despido de muchos trabajadores, el endurecimiento de las condiciones crediticias de los bancos y la asunción de cuantiosas pérdidas por parte de la Administración, pues esta avaló hasta el 80% del importe los créditos otorgados.
Una disminución temporal de los impuestos a los carburantes reducirá la inflación y los gastos de las familias y empresas. Las primeras tendrán una inferior merma de poder adquisitivo y las segundas de beneficios. Las más favorecidas serán las compañías de transporte, pues la medida permitirá la continuidad de muchas que están a punto de desaparecer.
La anterior disposición sería ideal que estuviera complementada con ayudas a las familias más humildes, a empresas agrícolas y ganaderas y con la aplicación de importantes limitaciones a la subcontratación en el transporte de mercancías. En las últimas décadas, la mencionada actividad ha mermado sustancialmente los ingresos de los transportistas.
Los ganadores de la subcontratación han sido las grandes compañías que han externalizado su actividad logística, despedido a los empleados que la realizaban y contratado a una tercera empresa por un importe sustancialmente inferior al coste previamente incurrido. También han ganado las firmas intermediarias que han recibido el encargo de las anteriores y lo han trasladado a numerosas pymes y autónomos, siendo estos los perdedores.
De las distintas medidas posibles, la más desinflacionaria sería la modificación del sistema de fijación de precios de la electricidad en el mercado mayorista. En lugar de realizar una subasta única, mi propuesta sería efectuar una para cada tecnología. De esta manera, el importe del kWh de la energía hidráulica, nuclear, eólica y fotovoltaica sería muy inferior al actual y el precio medio se situaría bastante por debajo de los 100 €/kWh.
De manera increíble, nueve países europeos, entre los que se encuentra Alemania, se niegan a realizar ninguna modificación del anterior sistema. En una reciente declaración conjunta, lo consideran un instrumento que “contribuye a la innovación, la seguridad de suministro y la transición energética”. En realidad, el anterior mecanismo ha sido el principal generador de inflación durante el último año y de trasvase de rentas desde las familias y la mayoría de las empresas a los accionistas y directivos de las eléctricas europeas.
En definitiva, en dos meses, la coyuntura económica ha cambiado sustancialmente. Una inflación temporal se ha convertido en duradera y en el resto del año reducirá el poder adquisitivo de las familias y los beneficios de las empresas. Ante la nueva situación, el Gobierno debe intervenir y ayudar al sector privado con subvenciones y reducciones de impuestos.
No obstante, a diferencia de Francia, Portugal e Italia, el ejecutivo no ha tomado ninguna decisión significativa. El resultado ha sido una huelga de transporte que, si se prolonga hasta el próximo viernes, generará escasez de alimentos en numerosos comercios. Un problema añadido a la disminución de la actividad económica observada en la pasada semana y un gran desprestigio para el ejecutivo.
La lentitud en la respuesta tiene como principal causa la elevada dependencia que Nadia Calviño tiene de Bruselas. Es más la delegada de la Comisión Europea en Madrid que la ministra de Economía de España y la primera institución jamás ha tomado decisiones rápidamente ni cree que tenga necesidad de adoptarlas. En materia económica, ya es hora de que el actual Gobierno abandone las tutelas y tutías y vuele por sí solo cuando la situación lo exija. No es una posibilidad, sino una necesidad.
