La jornada laboral de 32 horas, un reto para el 2040
Desde la aparición del capitalismo, las principales reivindicaciones de los asalariados han sido tres: un empleo estable, un aumento del poder adquisitivo de los salarios y una disminución de la jornada laboral. En la segunda y tercera han tenido un éxito incuestionable, en la primera hace 50 años más que en la actualidad.
Los avances tecnológicos, la mayor formación de los empleados y una mejor organización del trabajo han permitido a cada generación vivir mejor que la anterior. El aumento de la calidad de vida ha provenido esencialmente de la disponibilidad de más y mejores bienes y servicios y secundariamente de un incremento del tiempo libre.
No obstante, en la mayoría de las profesiones, la reducción del tiempo de trabajo ha sido una constante. En los años 70, los sábados por la mañana constituían una parte de la jornada laboral de muchos asalariados españoles; en la actualidad, para un sustancial número, aquélla acaba el viernes al mediodía.
En las últimas décadas, su disminución no ha provenido de cambios legislativos, sino de acuerdos alcanzados por representantes de los empresarios y trabajadores, plasmados en múltiples convenios colectivos. En ellos, la reducción del número de horas anuales era frecuente, pero excepcional la de la jornada semanal. La acumulación de las primeras ha supuesto un aumento de los días de vacaciones y de libre disposición.
Por tanto, desde julio de 1983, el Estatuto de los Trabajadores fija en 40 el máximo número de horas semanales. Sin embargo, en la mayoría de empresas, los asalariados trabajan cada año menos de 1.826 horas y 27 minutos, siendo éstas para la jurisprudencia el equivalente anual de las primeras.
La anterior manera de actuar pretende modificarla una propuesta de Iñigo Errejón, que ha recibido el respaldo verbal de Podemos y el compromiso del Ministerio de Trabajo de analizarla en detalle. Consiste en establecer por ley una jornada laboral de 32 horas semanales, trabajar cuatro días y percibir el mismo salario que en la actualidad.
Los políticos favorables a una reducción del 20% del tiempo máximo semanal destacan la generación de múltiples ventajas económicas y sociales. Algunas son ciertas, otros no. Por un lado, según ellos, está el aumento del PIB, al provocar un crecimiento de la productividad, el empleo y el gasto de los hogares. Por el otro, una más fácil conciliación de la vida familiar y laboral, la mejora de la salud y la disminución de la contaminación.
En relación a la anterior propuesta, mis reflexiones son las siguientes:
1) Inoportunidad del momento. En una gran crisis, jamás un país ha reducido sustancialmente la jornada laboral semanal sin bajar el salario de los trabajadores. Durante ella, las empresas no pueden repercutir en los precios de sus productos una parte significativa del aumento de sus costes. Por tanto, a algunas les será imposible continuar y a otras para hacerlo tendrán que despedir a trabajadores. En consecuencia, la medida generará más problemas que ventajas.
2) El tiempo de trabajo es un problema secundario. Antes de la llegada de la pandemia, el principal problema económico y social era la falta de empleo y la escasa calidad de una parte del existente. Los datos así lo corroboran. En el 4º trimestre de 2019, el número de parados ascendía a 3.191.800, los que tenían un contrato temporal eran un 26,1% de los asalariados y un 54,4% de los que poseían un trabajo a tiempo parcial querían uno a jornada completa.
No obstante, creo conveniente que la legislación facilite la negociación entre las empresas y los asalariados para que éstos puedan hacer menos horas que sus compañeros, si así lo desean. Una concesión que implicaría una bajada proporcional de su salario.
3) La reducción de la jornada laboral debe ser paulatina. En las etapas de expansión económica, el Gobierno puede contribuir a reducir la jornada laboral máxima, si estima que la disminución vía convenios colectivos es insuficiente. Sin embargo, es conveniente que lo haga de forma paulatina para no perjudicar a la actividad empresarial. Por eso, la nueva legislación debería afectar a la anual (por ejemplo, reducción de 16 horas), pero no a la semanal. Una mengua que directamente solo repercutiría sobre las compañías cuyos asalariados trabajaban el máximo permitido.
4) Debe ser una consecuencia del aumento de productividad y no una causa. Las empresas suelen ir bien cuando logran incrementar sustancialmente la productividad de sus trabajadores, pues ésta les permite producir una mayor cantidad de forma más barata. En dicho contexto, no les genera ningún problema acceder a una pequeña reducción de su tiempo de trabajo anual. Un logro que implícitamente les lleva a renunciar a un superior aumento salarial.
5) Puede provocar una contracción del empleo. El número de horas trabajadas por el conjunto de empleados de un país no es fijo, sino sumamente variable. Por tanto, si aquéllas disminuyen más que la jornada laboral del asalariado medio, el resultado es una reducción de la ocupación. Así sucedería si el primer factor cayera un 25% y el segundo un 20%
Las principales causas que contribuirían a la reducción del empleo serían:
a) La sustitución de trabajadores por máquinas, robots o autoservicio. Una consecuencia de que los primeros se han vuelto relativamente más caros y los segundos y terceros más baratos. En determinados servicios, como sería el caso de bares y restaurantes, algunas empresas optarían por sustituir los camareros que sirven en las mesas por el sírvase usted mismo.
b) Aumento de las quiebras empresariales. Una elevada reducción de la jornada laboral semanal podría hacer inviables numerosas empresas que utilizan mucha mano de obra.
c) Traslado de empresas hacia otros países. El aumento de los costes de producción provocaría el traslado de fábricas y compañías a otras naciones donde resulte más barato fabricar
d) Subida del precio de los bienes producidos en la nación. Los consumidores nacionales y extranjeros sustituirían productos españoles por otros fabricados en el exterior. Las exportaciones bajarían, las importaciones subirían, el PIB caería y el empleo también.
En definitiva, en la actualidad la reducción de la jornada laboral a 32 horas constituye una medida populista sin ningún sentido económico. En primer lugar, porque estamos en una gran crisis. En segundo, debido a que la prioridad es generar más ocupación de mayor calidad. Aunque a priori no lo parezca, una disminución del 20% del tiempo de trabajo muy probablemente proporcionaría más pérdidas que ganancias de empleo.
No obstante, al afectar de forma positiva a la calidad de vida de los ciudadanos, la reducción de la jornada laboral debe continuar. Pero de forma constante y paulatina. Por eso, las 32 horas semanales suponen un magnífico reto para 2040, cuando casi todas las fábricas estén robotizadas y los servicios mucho más mecanizados que en la actualidad.
