Un plan económico para 2021
El rebrote del coronavirus ha trastocado por completo las previsiones económicas. La salida de la crisis no será en forma de V, tal y como el ejecutivo preveía hace seis meses. En cambio, puede tener el perfil de una W, si en los próximos trimestres continúan vigentes algunas de las actuales restricciones a la actividad empresarial y la movilidad de las personas.
La incertidumbre es muy elevada, pues no existe una fecha aproximada para la desaparición o gran atenuación del Covid-19. La gran esperanza reside en la aparición de una vacuna. No obstante, probablemente pasará más de un semestre desde su descubrimiento hasta que una sustancial parte de la población tenga acceso a ella.
Si la vacuna llega en los próximos meses, en 2021 empezará la verdadera recuperación. No obstante, la economía española no pondrá la sexta marcha, sino la tercera o cuarta. La mejora del segundo semestre del actual año solo será un gran rebote. Un espejismo causado por una caída del PIB del 12,8% en el primero, debido al encierro obligatorio de la población.
El contexto ha cambiado y al gobierno le corresponde adaptarse a él. En el siguiente ejercicio, no existirá el marco idóneo para empezar a transformar el país, sino para sanar las múltiples heridas económicas sufridas por trabajadores y empresarios. Por tanto, su misión debería ser facilitar la hibernación de una parte del sector privado, impulsar en mayor medida la actividad económica y evitar a toda costa la aparición de una crisis financiera.
Dicha hibernación supondría extender la carencia de amortización en los préstamos ICO y en las hipotecas en moratoria a marzo de 2022, ampliar el período de vigencia de los ERTE hasta seis meses después de la masiva vacunación de la población y rebajar los alquileres de los locales comerciales ocupados por las pymes afectadas por las anteriores restricciones.
En la actualidad, una empresa que ha pedido un préstamo ICO, por valor de 150.000 euros a un tipo de interés del 2% y a devolver en cinco años, paga 250 euros mensuales por él. No obstante, a partir de abril de 2021 abonará 3.254,27 euros, si no se extiende la moratoria actual. Por tanto, un importe muy asumible ahora se convertiría en difícilmente soportable y comportaría la desaparición de numerosas empresas y empleos.
La obligación de devolver capital a las familias con moratoria hipotecaria generaría una disminución de su gasto y la pérdida de la propiedad por parte de muchas de ellas. El primer factor influiría negativamente en el consumo privado (el principal componente del PIB), el segundo reduciría la solvencia de las entidades financieras, al adjudicarse viviendas cuyo valor de mercado sería inferior al de las hipotecas que las gravan.
Si el periodo de carencia no se extendiera, ambos tipos de préstamos provocarían un elevado aumento de la morosidad de la banca. Para impedir que las pérdidas consumieran todos sus fondos propios, las entidades restringirían en gran medida el crédito y éste el crecimiento del PIB. La crisis financiera volvería y la recuperación económica quedaría abortada.
Entre los sectores más afectados por las restricciones están el comercio, la restauración y los establecimientos de ocio. No obstante, si su arrendador no es una compañía, una entidad pública de vivienda o un gran tenedor, las empresas han de seguir sufragando el alquiler del local al precio inicialmente convenido.
Para las anteriores pymes, el gobierno debería legislar una solución más beneficiosa que la moratoria actual. Mi propuesta sería que pagaran una tercera parte del importe acordado utilizando parcialmente la liquidez suministrada por los préstamos ICO, otro tercio lo abonaran en el lustro siguiente a la finalización de la pandemia y los propietarios obtuvieran el resto en los próximos diez años mediante desgravaciones en diversos impuestos.
El gasto público extraordinario, además de utilizarse para financiar la ampliación de los ERTE, iría destinado a dos grupos de sectores: los más afectados por la pandemia (turismo, comercio, restauración, etc.) y los más perjudicados por la anterior política de austeridad (sanidad y educación).
La ayuda a los primeros tendría un carácter indirecto. A los hogares con una renta inferior a la media nacional, la Administración les proporcionaría una tarjeta de 100 euros, que solo permitiría pagar las compras realizadas en ellos durante 2021. El coste inicial para las arcas públicas sería de alrededor de 1.100 millones euros. No obstante, el final supondría un importe bastante inferior, debido al menor número de trabajadores en paro y en ERTE y a la mayor recaudación en los impuestos sobre la renta, sociedades e IVA.
En educación no universitaria, las prioridades serían erradicar los barracones, facilitar la formación continua del profesorado, aumentar los recursos tecnológicos y disminuir el número de estudiantes por aula. En la superior, la financiación del coste extraordinario que supondría la creación de una nueva carrera profesional.
En definitiva, en 2021 la prioridad consistirá en encauzar la recuperación económica, pero no transformar el país. Ésta lo será cuando lleguen de forma masiva los fondos europeos y aquélla ya esté encarrilada. Para conseguir dicho objetivo, el gobierno debe realizar un elevado gasto y evitar cualquier incremento de los tipos impositivos de los principales tributos.
En la actual coyuntura tiene una escasa importancia si el aumento de la deuda pública/PIB es de 5, 10 o 15 puntos. Un problema que puede ser mucho más importante en el futuro, si el BCE no quema la deuda que posee de los países de la zona euro o acepta su conversión en perpetúa a un reducido tipo de interés.
Dos soluciones imposibles en la anterior crisis, pero bastante más factibles en la actual. La principal diferencia entre una y otra es que la primera afectó en gran medida a unos pocos países, en cambio, la segunda va a perjudicar considerablemente a todos. Por una vez, mal de muchos puede no ser consuelo de tontos.
